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ÁFRICA/KENIA- La Iglesia apuesta por las comunicaciones
sociales para contribuir a la evangelización
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Nairobi (Agencia Fides) - “Llegan en el
momento adecuado porque pronto tendremos una radio, así que podrán aportar
a nuestros programas de radio, porque la gente necesita saber lo que pasa
cerca de ellos”, aseguró monseñor Paul Kariuki Njiru, obispo de Embu,
dirigiéndose a los treinta agentes de comunicación social que acaban de
terminar su curso de formación organizado por la Comisión Episcopal para
las Comunicaciones Sociales.
Monseñor Kariuki instó a estos colaboradores a comunicar sobre la situación
de los necesitados y a informar de las muchas buenas obras que la Iglesia
hace como parte de su misión evangelizadora: “Transformad la vida de otros,
poniendo de relieve la difícil situación de los pobres en nuestras
comunidades para que así haya personas que quieran ayudar. Sed agentes que
puedan ayudar a comunicar noticias distintas a aquellas que nos llegan por
los medios de comunicación tradicionales”.
El Secretario Ejecutivo Nacional de la Comisión Episcopal para las
Comunicaciones Sociales, el padre Elias Mokua, dijo que el propósito de la
formación de estos colaboradores es apoyar a la Conferencia Episcopal de
Kenia en su departamento de comunicación, tanto con los católicos como con
los no católicos, y para desarrollar una red de comunicaciones nacional que
promueva la identidad y los valores de paz y de justicia.
“Cada vez más necesitamos usar nuestras fuerzas como Iglesia Católica para
evangelizar, para enseñar los valores del Evangelio, promover la justicia
social, llegar a las diócesis que no tienen radio o prensa, crear una
Iglesia Católica en línea, una Iglesia que usa la moderna tecnología para
evangelizar”. El padre Mokua hizo hincapié en la necesidad de desarrollar
una fuerte identidad católica en medio de la creciente competencia entre
los distintos medios, destacando el contenido católico, proporcionando
noticias e información que también vayan en contra de la corriente
principal y alumbrando una nueva generación de trabajadores católicos en
los medios de comunicación.
(L.M.) (Agencia Fides 3/9/2018)
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ASIA/PAKISTÁN - Abuso de la ley de blasfemia: la decisión en
manos del gobierno de Imran Khan
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Lahore (Agencia Fides) - El mal uso de la ley antiblasfemia
en Pakistán continúa, siendo “poco probable que se pueda modificar la
normativa para evitar este tipo de abusos”, asegura en una nota recibida
por la Agencia Fides, el periodista paquistaní Tehreem Azeem, quien
recuerda que esta ley sigue siendo usada como un instrumento para resolver
disputas personales, acusar falsamente a alguien y generar ataques masivos
o linchamientos.
Desde 1990, 70 personas han sido linchadas hasta la muerte en Pakistán por
supuestos cargos de blasfemia, mientras que otras 40 han fallecido o están
cumpliendo cadena perpetua por cargos de blasfemia.
Entre las víctimas, hay miembros de minorías religiosas, como el caso
sucedido en una ciudad musulmana en el distrito de Gujranwala, donde el
joven cristiano Farhan Aziz, de 26 años, fue acusado de blasfemia contra el
profeta Mahoma y fue arrestado el 2 de agosto pasado. Poco después, los
miembros del partido “Tehreek-e-Pakistan Labaik” rodearon la única calle en
la ciudad donde viven los cristianos, amenazando con atacarlos y provocando
la huida de muchos de ellos.
Otro caso reciente ha causado también estupor. Un artista de Lahore, Qutub
Rind, que expuso su obra en Punjab, murió después de falsas acusaciones de
blasfemia tras una discusión con el propietario de la vivienda donde se
hospedaba. Varios hombres lo golpearon, fracturándole las extremidades y
lanzándole desde un tercer piso. Cuando llegó la policía esgrimieron que lo
habían hecho en virtud de la ley antiblasfemia.
La Comisión Especial de Derechos Humanos del Senado de Pakistán ha
recomendado que los autores de falsas acusaciones de blasfemia reciban la
misma pena impuesta a los que cometen blasfemia. Es el nuevo gobierno de
Imran Khan, que ganó las recientes elecciones generales, el que debe dar el
paso que le piden las organizaciones que agrupan a minorías religiosas y la
sociedad civil. Le solicitan un compromiso para aprobar enmiendas a la ley
antiblasfemia que impida su instrumentalización para uso personal.
(PA) (Agencia Fides 3/9/2018)
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AMÉRICA - Carta abierta: nuestros pueblos están condenados a
un presente y un futuro de destrucción y muerte
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Brasilia (Agencia Fides) - “Los graves y, a menudo,
irreversibles daños y violaciones de los derechos humanos y de los derechos
de la naturaleza causados por el modelo de minería actual promovido,
apoyado y alimentado por el enriquecimiento inmoral, inhumano y antinatural
de las grandes corporaciones mineras y sus países de origen, significan una
nueva fase, más agresiva, de la colonización y el saqueo” que como
consecuencia hace que “nuestros pueblos estén condenados a un presente y un
futuro destrucción y muerte”. Por tanto, “es urgente poner límites a este
modelo del desarrollo extractivo como pide el Papa Francisco”.
Este es un extracto de la “Carta pública a nuestras Iglesias,
organizaciones y sociedades”, que recoge los frutos de la reunión celebrada
en Brasilia, del 7 al 10 de agosto, donde representantes de las
organizaciones, movimientos y familias religiosas de varios países de
América Latina y EE.UU., así como de Alemania, se reunieron en la luz de la
encíclica Laudato Si sobre la ecología integral y a la luz de la carta
pastoral, “Discípulos y misioneros, custodios de la Creación” del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM). El objetivo del encuentro fue compartir
los desafíos, luchas y esperanzas de las comunidades involucradas en el
sector de la minería.
“Este encuentro, - recoge la carta abierta enviada a la Agencia Fides -,
nos ha permitido renovar nuestra misión de ayudar a construir nuevas
relaciones con la naturaleza, no como una productora de riqueza, sino como
una hermana y madre nuestra, con una una vida propia y con derechos
inalienables, que comparte y sostiene la vida de la Creación en busca de la
Buena Vida y el Bienestar de todos los seres que son parte de esta casa
común”.
Al daño causado por la extracción minera se suma la privatización de los
ríos, la multiplicación de las empresas productoras de electricidad y la
expansión de la actividad de extracción de gas natural. “Todos estos tipos
de actividad minera, lejos de avanzar hacia una mayor responsabilidad en el
cuidado del hogar y la vida común, aceleran su destrucción y condenan a
millones de personas a sobrevivir en precarias condiciones, víctimas de
enfermedades derivadas de la contaminación del agua, la tierra y el aire”.
Durante la reunión se presentaron los dolorosos testimonios de las víctimas
de la minería y de los defensores de la madre tierra, y se habló de la
responsabilidad de esta situación de la que no están exentos los gobiernos
de América Latina: “en nuestro continente, por ejemplo, el 60% de los
asesinatos afectan a defensores de derechos y líderes comunitarios”.
Llamados a dar, como Iglesias, motivos de fe y de esperanza de que “otro
mundo es posible, donde prevalezca el respeto y el cuidado por la vida
natural de la cual la humanidad es parte”, los participantes hicieron una
serie de recomendaciones. En primer lugar reafirmaron su compromiso de
“denunciar estas prácticas de muerte y buscar cambios estructurales” tanto
para limitar la actividad extractiva y abusiva, como para poner fin a la
“tolerancia cómplice de nuestros gobiernos”. También reafirmaron su
voluntad de continuar “promoviendo la vida, apoyando los esfuerzos y las
luchas de las comunidades involucradas en la minería y otros proyectos que
afectan seriamente la vida y al futuro de la madre tierra y todos los seres
humanos”.
A los líderes de las Iglesias se les pide “asumir un mayor compromiso con
aquellos que sufren las consecuencias de este modelo económico de
producción desenfrenada, de consumismo voraz y de odio sin límites hacia la
naturaleza”. A los Estados se les pide “una mayor responsabilidad en la
administración del bien común, una lucha decisiva contra la corrupción,
activar y controlar estrictamente las reglas y leyes que garanticen los
derechos humanos, individuales y comunitarios, los derechos de la
naturaleza y el derecho fundamental de los pueblos a decidir sobre su
propio desarrollo, garantizando procesos de consulta efectivos” y el
respeto de las decisiones tomadas.
A los empresarios se les pide eliminar “las prácticas criminales de explotación,
irresponsables y depredatorias de vidas, territorios y culturas”, como se
reitera en la última parte, “ha llegado el momento en el que cada persona
debe asumir la responsabilidad de construir otros modelos de producción
para garantizar la vida de las generaciones futuras y respetar a la madre
tierra, apoyando el consumo responsable y apostando por nuevas formas de
entender el desarrollo integral”.
(SL) (Agencia Fides 3/9/2018)
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