Lo peor del golpe:
imposibilitar el Estado Social brasileño
2018-05-04
Los hechos recientes, de la
prohibición al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (1980) y a otros
notables de la política de visitar al expresidente Lula, un prisionero político
y amigo de todos los que querían verlo, son la prueba más cabal de que vivimos
bajo un régimen de excepción jurídico-mediático. Las togas mandan. La jueza
Catarina Lebbos, brazo derecho del juez Sergio Moro, revela rasgos de crueldad
y de inhumanidad al prohibir a un médico examinar el estado de salud del
expresidente. No estoy seguro, pero desconfío de que tal acto sea incluso
criminal, merecedor de castigo.
Lo
más grave de nuestra crisis es la estrategia de los muy ricos (0,05% de la
población), asociados como siempre a consorcios económico-financieros, hasta
extranjeros, incluso con nuestros medios de comunicación monopolistas
conservadores, de quebrar el pacto social construido bajo la hegemonía de las
fuerzas democráticas y progresistas, contenido en la Constitución de 1988.
Gracias
al consenso que ella propició entre los distintos grupos, hasta antagónicos,
permitió que se gestaran las bases para la creación de un Estado Social
brasileiro. Era un primer paso para atacar nuestra mayor llaga, que es la
perversa desigualdad social y conseguir así la inclusión de millones de
brasileros y brasileras en la ciudadanía.
La
dirección estuvo a cargo de alguien al que las élites del atraso jamás
aceptaron pero tuvieron que inclinarse ante el veredicto de las urnas, un
obrero, venido de la pobreza nordestina: Luis Inácio Lula da Silva. Por sus
políticas sociales había hecho que los del piso de abajo pudieran subir un
escalón en la escalera social.
Cuando
se dieron cuenta de que podría surgir una nueva hegemonía de carácter
progresista y popular, estas clases, como siempre antes en la historia, según
nuestros mejores historiadores como José Honório Rodrigues, tramaron un golpe
de clase. Se trataba de asegurar la naturaleza de su acumulación y de su
control del aparato estatal, de donde saquean su propina millonaria.
Cambian
los tiempos, cambian también las estrategias. No debía ser mediante un golpe
militar, sino mediante un golpe parlamentario. Marcelo Odebrecht, presidente de
una de las mayores empresas brasileñas, en su delación premiada confesó que
había dado diez millones de reales para comprar a 140 diputados que
garantizasen la destitución de Dilma Rousseff y la toma del poder del Estado.
Un
Congreso, de los más mediocres de nuestra historia republicana, con ladrones
unos, acusados de corrupción otros o denunciados por crímenes, incluso por
asesinato, se dejó venalmente comprar. Dieron un golpe parlamentario, jurídico
y mediático, deponiendo mediante una destitución cuestionable contra la
presidenta legítimamente elegida, Dilma Rousseff. El objetivo no era
fundamentalmente atacarle a ella, sino alcanzar al expresidente Lula y al
partido del PT.
La
lucha contra la corrupción, enfermedad endémica de la política brasileña -no
por ello excusable-, sirvió de pretexto para atacar, procesar y literalmente
perseguir a Lula, mediante el expediente del lawfare (interpretar torpemente la
ley para perjudicar al acusado). Tanto hicieron, que lograron meterlo en la
cárcel, mediante un proceso -según los más renombrados juristas nacionales y extranjeros-
viciado y vacío de pruebas materiales consistentes.
¿Cuál
es el sentido mayor de este golpe? Mantener la naturaleza de la acumulación de
un grupo de rapiña que controla gran parte de nuestra riqueza y traspasarla a
sus bolsillos. Pero la consecuencia más desastrosa, analizada finamente por el
científico social Luiz Gonzaga de Souza Lima, en una conferencia dada el 22 de
noviembre de 2017 en Fiocruz de Río de Janeiro, está contenida en la Enmienda
Constitucional (PEC 55). Mediante ella se trata no sólo de establecer un techo
en los gastos. Ella atenaza al país. "La PEC -dice Souza Lima- es la
prohibición de construir un Estado Social en nuestro país. Se veta
constitucionalmente construir el Estado Social, es más que una congelación de
gastos".
Las
clases del atraso optaron por el pasado, aceptando la recolonización de Brasil,
alineándolo a los intereses del imperio del Capital hegemonizado por los USA.
No mediante una elección sino por medio de un golpe disolvieron el pacto
construido en la Constitución de 1988. Souza Lima dice más: "estamos ante
un golpe contra el Gobierno que el pueblo brasileño eligió. Estamos ante una
inflexión histórica de una importancia inmensa: prohibir constitucionalmente
hacer inversiones sociales, especialmente en la educación y en la
sanidad".
Esto
es un caso único en el mundo de hoy. ¿Cómo puede un pueblo enfermo e ignorante
avanzar hacia un desarrollo, adecuado a una población de más de cien millones
de personas?
Estas
élites, egoístas al máximo, nunca tuvieron un proyecto para Brasil. Sólo para
sí mismas, y en función de una acumulación absurda. Actualmente se asientan
sobre una derecha fascista, autoritaria, violenta, racista y despreciadora del
pueblo, considerado vulgar y despreciable. Para nuestra vergüenza, apoyadas en
parte por el cuerpo jurídico y por la mano dura de la policía militar, capaz de
reprimir y matar, especialmente a negros y pobres.
La
lucha es para recuperar la democracia mínima, y sobre todo para hacer valer la
Constitución de 1988, rota por los golpistas, pero que abría espacio para la
convivencia pacífica y para el desarrollo humano.
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