El Ayuntamiento de Castellón repartió en institutos de la ciudad decenas de libros de ideología de género, con contenido sexual altamente inadecuado para menores y donde además se insulta a las religiones. Abogados Cristianos presentó un recurso ante la Justicia, que dictó la retirada cautelar de dichos libros.
El pasado viernes el juzgado dictó esa medida "cautelarísima", pues los libros ya se encontraban en dichos centros tras haber sido repartidos por la Concejalía de Igualdad. Sin embargo, los responsables políticos se niegan a la retirada de los ejemplares.
Por ello, la asociación de abogados ha presentado otro recurso para que se retiren ya estos libros tras ver la respuesta “de los políticos locales y autonómicos” ante la decisión judicial.
Mónica Oltra, del partido nacionalista de izquierdas Compromís, consejera de Igualdad de la Generalitat valenciana, lanzó un órdago diciendo que “los libros se quedan”.
Basta ver el índice de alguno de estos libros para comprender el escándalo
Para Abogados Cristianos, tanto las razones que justificaron la emisión de dicho auto como la independencia judicial, "están en entredicho, el retraso provoca a esta parte una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y le provoca indefensión manifiesta". Tras el auto judicial, en al menos un instituto de Castellón, una profesora de la ESO tuvo que requerir al alumnado que devolvieran los libros LGTBi que ya se habían repartido.
En dichos libros destinados a alumnos menores de edad se encuentran afirmaciones tales como “si estás follando con tres gintónics encima, una raya de coca y compartís un porro, eso no es el chemsex (fusión de las palabras inglesas 'chemical' y 'sex' que hace referencia al uso de drogas para prolongar la actividad sexual durante horas, generalmente entre hombres y múltiples parejas), eso es una fiesta de toda la vida”, o “vale que te hagas un enema importante de vez en cuando porque quieres ir a una orgía y te conviene saber que no llevas sobrepeso oculto. Una vez, ocasionalmente, no es malo”.
Esta frase aparece específicamente en el libro con el que se fotografió la concejal de Cultura de Castellón, Verónica Ruiz (Compromís), en un acto en el que el que se reafirmaba en mantener estos libros en los institutos.
Abogados Cristianos ha interpuesto además una querella contra Verónica Ruiz por prevaricación, delito de odio, provocación sexual e incitación a la práctica sexual a menores de 16 años. Los letrados aseguran no entrar en la libertad de los autores a la hora de escribir sino en el "adoctrinamiento" a los menores en las aulas.
Por su parte, Polonia Castellanos, presidente de esta asociación recuerda que con estos libros están intentando “adoctrinar a los menores, defendiendo la pornografía, el sexo con drogas y atacando a las religiones, no sólo no es educación, sino que es un delito".
De hecho, recuerda que “el contenido no sólo incluye contenido sexualmente explícito, sino que recurre al constante escarnio de las religiones. No sólo a la católica, también al Islam, el judaísmo y la religión evangélica".
Algunas expresiones obscenas e insultantes contra las religiones que aparecen en estos libros son las siguientes: “Al obispo le dan por el culo”, “Chaperos en el Vaticano”, “Alá no es grande y Jesús no nos ama” o “Una polla para el pastor”.
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la nueva ley de Educación que llegará ahora a las cortes para ser tramitada. La normativa preparada por PSOE y Podemos incluye más ideología de género, margina la asignatura de Religión y ataca a la educación concertada.
Las reacciones de padres, colegios y profesores no se han hecho esperar. De este modo, Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha asegurado que no le gusta nada este proyecto pues “nace de la división y el enfrentamiento, no del diálogo y el consenso”.
"Vulnera los derechos fundamentales de las familias"
De este modo, se ha mostrado contrario de que “se imponga otra Ley sin contar con las familias y sin el consenso amplio como para sacarla adelante y que dé tranquilidad durante los próximos 15 o 20 años”.
Por otro lado, Caballero denuncia que el proyecto de ley “vulnera los derechos fundamentales de las familias en dos aspectos: en la libertad de enseñanza y en la elección de los padres de los centros educativos, según sus convicciones. No nos gusta tampoco que se quite la demanda social”. También se ha mostrado muy crítico con el trato a la asignatura de Religión porque “casi de un plumazo la elimina y no cuenta con ella para nada, la deja como residual”.
Isabel Celaá, ministra de Educación, es la propulsora de esta nueva ley.
El ataque a la concertada
Desde Escuelas Católicas, que representa a cerca de 2.000 centros educativos en toda España, 1,2 millones de alumnos y 103.000 trabajadores, también han denunciado las intenciones del Gobierno. En un comunicado critican que la futura ley “considera a la enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública; y limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias, sometiendo la libertad de elección a la ‘planificación’ administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas”
Por ello han recordado al Gobierno y a la ministra de Educación que “es un grave error considerar la enseñanza concertada subsidiaria de la pública. Ambas redes deben seguir siendo consideradas como complementarias, de acuerdo con todas las leyes anteriores, y sin olvidar que la razón de ser de los conciertos no es otra que garantizar el derecho de elección de tipo de centro por parte de los padres de alumnos, con independencia de su situación económica”.
Igualmente, desde Escuelas Católicas han mostrado su preocupación por “la supresión del criterio de la demanda social en la programación de puestos escolares, y la inclusión de un representante municipal, que no es otra cosa que un ‘comisario político’, en los Consejos Escolares de los centros concertados”.
Por su parte, el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, ha lamentado las prisas con las que el Gobierno quiere legislar una materia tan importante como es la Educación para imponer el control de los poderes públicos sobre las conciencias de los menores y provocar a una buena parte de la sociedad.
"Norma liberticida y totalitaria"
“Hemos pasado de hablar de un pacto educativo a la exclusión de la mitad de la población. En lugar de avanzar hacia el establecimiento de un modelo educativo como país, independiente de quién esté en el poder, que deje a las ideologías e intereses partidistas fuera de las aulas, se presenta una norma liberticida y totalitaria, con muchas posibilidades de volver a ser derogada cuando haya un cambio de Gobierno”, ha afirmado el presidente del Foro de la Familia.
De este modo, añadió que “las prisas del Ejecutivo en aprobar una ley educativa de un marcado sesgo ideológico y que supone un ataque frontal al derecho y a las libertades fundamentales de miles de familias, profesores y centros escolares son impropias e inadecuadas para tratar una materia tan sensible y fundamental”.
Para el Foro de la Familia, “este Gobierno insiste en los ataques a la libertad y derechos fundamentales de quienes discrepen de su ideología. De ahí los ataques a la escuela concertada, la imposición de una asignatura que vulnera el artículo 27.3 de la Constitución y de numerosos tratados internacionales”. Por último, García-Juliá destacó que las formas para presentarla y el contenido de la norma “son una provocación a más de la mitad de la sociedad para salir a la calle”.
El modelo educativo que llega a Madrid: gratuito, sin horarios ni
profesores y con trabajo seguro
Desde septiembre 450 alumnos aprenderán
programación con un exitoso modelo que ha importado Telefónica desde París
Según Eurostat, en el sector de la
tecnología trabaja un 2,4% de población ocupada en España, frente a una media
europea de 3,5%. Una brecha enorme que es fundamental tapar. El problema es que
muchos jóvenes ven la universidad como una pérdida de tiempo, ya que casi todo
lo pueden aprender solos. Pensando en ellos —gran parte de los gurús
tecnológicos españoles abandonaron las aulas antes de tiempo— la Fundación Telefónica importa a España Escuela
42, una exitosa fórmula gratuita para aprender programación como si fuera un
videojuego pero acudiendo a un espacio que se comparte con otros compañeros y
donde se celebran charlas y talleres. La metodología, gratuita, dura tres años
y medio, no hay profesores ni horarios. La sede —se inaugurará en septiembre en
la ciudad de Telefónica en Las Tablas (Madrid)— estará abierta todos los días
de la semana y a todas horas. Cada cual irá a su ritmo, sin normas.
Hoy lunes el proyecto, que pretende
conectar con el empleo del futuro, se ha presentado en la capital y se
abre el plazo para inscribirse en las pruebas de acceso en su
web. Quien pase la primera criba trabajará, en la segunda, durante 28 días
en 14 proyectos que se llevarán a cabo en la "piscina", un espacio de
Telefónica con colchonetas y duchas. La idea es empezar formando a 450 alumnos,
pero con capacidad máxima de albergar a 900. Desde hace años muchas
tecnológicas no echan un vistazo al currículum, sino que piden a los
aspirantes al puesto que demuestren lo que saben hacer sentados delante de un
ordenador. Adiós a la titulitis. Las entrevistas ya no las hace
recursos humanos, sino técnicos que evalúan la capacidad de resolver problemas
reales.
“La empleabilidad del siglo XXI requiere
un nuevo modelo de aprendizaje debido a la imparable revolución digital”. Así
ha explicado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, el
motivo de importar este modelo de formación. Antes vieron otros proyectos en 81
universidades y escuelas. El presidente reconoce que la tecnología va a
acabar con millones de puestos de trabajo,pero recuerda que también va a
generar muchos nuevos. Y ha dado una cifra: el 85% de los trabajos de 2030 no
se han inventado todavía, según el informe Dell Technologies, dirigido por
el Institute for the Future (IFTF). Entre
1970 y 2015, los ordenadores destruyeron en Estados Unidos 3,5 millones de
puestos de trabajo a la vez que contribuyeron a crear 19,3 millones
nuevos.
“Este sistema rompe el paradigma de la
educación, el reglado no engancha a algunos perfiles. Aquí se aprende a
aprender”, sostiene Luis Miguel Olivas, director de Innovación Educativa
de la fundación. La metodología, basada en la gamificación y el igual a
igual, se divide en 21 niveles y se basa en proyectos de diferentes ramas de la
programación. Los primeros son comunes a todos los alumnos y luego cada uno
encamina sus pasos hacia una especialidad: un lenguaje informático,
ciberseguridad o sistemas. “Se trabaja de forma colaborativa, inter pares,
necesitas a tus compañeros para resolver problemas y te corrigen las pruebas…Es
100% flexible e individualizado”, prosigue Olivas. Un equipo pedagógico en
París ha creado 250 proyectos de aprendizaje que va actualizando
constantemente.
De París, donde se presentan a las
pruebas 50.000 aspirantes, esta academia saltó a otros lugares. La
academia existe en más de 10 países del mundo. Los primeros centros abrieron en
2013 en París y en Silicon Valley, en Estados Unidos. Después, la iniciativa
llegó a Bélgica, Holanda, Marruecos, Sudáfrica, Moldavia, Ucrania, Rusia y
Finlandia. Próximamente, además del nuevo centro de España, Fundación
Telefónica también inaugurará una escuela en Sao Paulo (Brasil). “No
queremos reinventar la rueda, sino traer lo que está siendo un éxito en otros
países”, explica Álvarez-Pallete. La sede madrileña contará con espacios
diáfanos para los ordenadores, salas de trabajo para reuniones y un auditorio
para 150 personas. También tendrá salas de descanso y de ocio, una cafetería e
incluso una sala de e-Sports.
En el acto ha estado presente Cath
Madinier, que fue alumna de la escuela de París y ahora dirige la de Ámsterdam.
Esta francesa, graduada en Administración de Empresas, no tenía ni idea de programación,
ni siquiera había usado un Mac. Pero necesitaba un desafío intelectual y buscó
y buscó en Internet hasta que dio con la Escuela 42 de París. Cuenta que su
problema ahora es retener a los alumnos, porque en cuanto empiezan a hacer
prácticas (a partir de un año) reciben ofertas de trabajo tentadoras. Cada
estudiante recibe de media ocho propuestas de empleo mientras está en la
escuela. "Si se quedan tendrán trabajos más interesantes y mejor
pagados", promete Madinier.
La escuela se formuló para jóvenes de 18
a 35 años pero ahora se ha abierto a todas las edades, “la empleabilidad no
entiende de barreras”. No se requieren conocimientos previos —una alumna de
Ámsterdam no conocía la tecla de las mayúsculas, por ejemplo— ni titulaciones.
Se garantizan prácticas y la fundación pretende que los alumnos hagan
voluntariado. Telefónica abrirá paralelamente esta escuela en São
Paulo y tiene en mente otras ciudades españolas. "No queremos que se
homologuen los estudios porque entonces no se puede responder a la demanda de
las empresas", subraya Olivas.
El director de
Innovación Educativa, sin embargo, insiste en la importancia del
profesorado como palanca de cambio para la incorporación de las
tecnologías en la vida de los más jóvenes.
Iniciativas pioneras en la universidad
Hoy la estructura de la universidad
pública hace inviable que compita con la oferta privada, y , más aún, si esta
no es reglada. Los profesores hacen la memoria de un título, pasa por los
órganos de gobierno de la universidad, lo supervisa el Gobierno autónomo, la
agencia de evaluación ANECA emite un informe y cuando este resulta positivo,
debe aprobarlo el Consejo de Universidades, autorizarlo la comunidad autónoma y
al fin publicarse en el BOE. En total de año y medio a dos años para lanzar un
título que se demanda desde hace cuatro.
El pasado marzo la Fundación
Cotec para la innovación publicó un decálogo para
reiniciar la universidad, que corre el riesgo de quedarse arrinconada, e
insistía en los plazos. "Necesita un marco regulatorio flexible, que le
permita incorporar con agilidad nuevas titulaciones, contenidos y estructuras.
Solo así podrá responder a los cambios en igualdad de condiciones que otras
instituciones educativas no formales (sociales y empresariales)", se
afirma en el primer punto del listado dedicado a la flexibilidad.
Las universidades, conscientes de su
alejamiento del mercado, tratan de acercarse con distintas iniciativas al
sector. Por ejemplo, los alumnos de la Universidad Carlos III organizan
desde hace siete años la feria T3chfest. A la última edición, celebrada en
marzo, acudieron 35 empresas y 2.200 estudiantes (parte de ellos de
FP). "Nos dimos cuenta de que faltaba ver el mundo real, lo que
reclamaban las empresas. La universidad se ha quedado un poco anticuada, te da
la base pero el mundo de la tecnología cambia cada pocos meses y eso lo ves en
la feria".
El grado de Ingeniería Multimedia de
la Universidad
de Alicante sigue la metodología del "aprender
haciendo". De forma que los alumnos se enfrentan a proyectos por
equipos. El alumno ha pasado allí a ser el centro del proceso de
aprendizaje. O el grado de Educación Social de la Universidad
de Barcelona es otro ejemplo. La facultad ha desarrollado
itinerarios personalizados para cada alumno a través de un libro de
contabilidad electrónico (parecido a una base de datos relacional) que puede
ser compartido por muchos compañeros.
En ReL estamos repasando las propuestas de los cinco principales partidos de ámbito nacional que concurren a las elecciones generales del 28 de abril en torno a los tres "principios que no son negociables" para la Iglesia en "sus intervenciones en el ámbito público". Así los definió Benedicto XVI en su discurso del 20 de marzo de 2006 en unas jornadas de estudio sobre Europa organizadas por el Partido Popular Europeo.
Tras abordar la posición de dichas formaciones políticas en torno a la "protección de la vida en todas sus etapas" y el "reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia", llega el turno del tercero, formulado así por el Papa Joseph Ratzinger: "Protección del derecho de los padres a educar a sus hijos". O, según lo expresó en la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis de 22 de febrero de 2007 al hablar de la "coherencia eucarística" de los políticos católicos: "La libertad de educación de los hijos".
Una visión general
En España, ese derecho de los padres está garantizado por la Constitución en su artículo 27.3: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Del mismo modo, "se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales" (art. 27.6).
Sin embargo, el mismo artículo establece que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita" y que "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". Esto ha permitido al Estado y a las comunidades autónomas -que tienen transferidas las competencias educativas- una intervención muy amplia en la ordenación de ese derecho de los padres y de los titulares de centros, dando lugar a numerosos conflictos que han debido dilucidar los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y, en su caso, el Tribunal Supremo.
Básicamente, el sistema educativo español responde hoy a los criterios académicos, docentes y organizativos establecidos por el PSOE durante las dos primeras legislaturas de Felipe González, por medio de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 y, sobre todo, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse) de 1990, cuyo espíritu siguió animando las posteriores leyes del PSOE (Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006) y, con leves retoques, del PP (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, Lomce, 2013).
Dichos criterios son los de la "nueva pedagogía", denunciados por la experta sueca Inger Enkvist, quien lamentó no hace mucho que hubiesen llegado a España (uno de los países con mayor abandono escolar de Europa y con peores resultados en los informes PISA) cuando ya se había constatado su fracaso en los países escandinavos: "Se da mucha importancia a la iniciativa del alumno, se trabaja en equipo y, mientras desaparecen los exámenes, aparecen los proyectos y el uso de las nuevas tecnologías. En general, parece que se va a la escuela a hacer actividades, no a trabajar y estudiar. Se da más énfasis a lo social que a lo intelectual. En España esa tendencia empezó a llegar más tarde, con la LOGSE en 1990. Creo que es un error. Por una parte, los alumnos con más capacidades no desarrollan todo su potencial y, por otra parte, los que tienen una menor curiosidad natural por aprender no avanzan. Además, muchos gustos son adquiridos, como la historia, la lectura o la música clásica. Al principio pueden resultar aburridos, pero, si alguien insiste para que tengamos una primera toma de contacto, es posible que acaben gustándonos. Ahora muchos jóvenes eligen sin haber conocido y, claro, eligen lo fácil".
Una nueva ley en marcha
Nada más llegar a La Moncloa tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez puso en marcha una reforma de la Lomce pactada con Podemos. Su tramitación quedó en suspenso con la convocatoria de las elecciones, pero será retomada si la izquierda radical puede reeditar su acuerdo de gobierno.
La nueva ley suscitó la alarma en varios ámbitos educativos por sus recortes a los derechos de los padres a formar a sus hijos según sus convicciones y por la amenaza a la libertad de los centros educativos mediante el establecimiento de una suerte de comisariado político (bajo la figura de representantes municipales y sociales) en los consejos escolares y la eliminación de la demanda social como factor para el establecimiento de los conciertos con entidades privadas, que de esta forma quedan a discreción de las autoridades. La asignatura de Religión no tendría valor académico ni contaría para la nota media ni se ofrecería una alternativa en horario lectivo, declaró la titular de Educación, Isabel Celaá. Sin embargo, se restauraría la adoctrinadora Educación para la Ciudadanía ideada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: "Crearemos una asignatura de valores cívicos y éticos, y no será optativa", añadió la ministra. Lo cual es "una atrocidad contra la libertad de las familias y una vulneración flagrante de su libertad", según afirmó en respuesta el presidente de la Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero.
Por lo tanto, y exclusivamente desde el punto de vista del principio, no negociable para los católicos, de la "protección del derecho de los padres a educar a sus hijos", los puntos sobre los que hay que examinar las intenciones y programas de los partidos son: la imposición de la ideología de género (bajo el eufemismo de "valores cívicos") en colegios públicos, concertados de iniciativa social y privados; el valor académico de la asignatura de Religión; y el mantenimiento del sistema de educación concertada, que es el que afecta mayoritariamente a los colegios religiosos.
Imposición de la ideología de género
Los cuatro partidos nacionales que tienen actualmente representación parlamentaria coinciden en imponer en los colegios la ideología de género, y eso independientemente de la titularidad pública o privada del centro y de su ideario.
La ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor en julio de 2016, es la más célebre de las normas autonómicas en materia de privilegios y multas LGTBI. Conocida como Ley Cifuentes porque fue aprobada siendo presidenta de la región y del PP la popular Cristina Cifuentes(quien tuvo que dimitir al ser imputada por presuntos delitos de cohecho y falsificación documental en la obtención de un máster), establece en su artículo 29.2 que "la Comunidad de Madrid elaborará una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género. Las medidas previstas en este plan se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos", ya sea públicos, concertados o privados.
El programa socialista para las elecciones generales de 2019 recoge la propuesta de una nueva ley educativa que incluirá, entre sus "enfoques transversales" (esto es, que se aplican en todas las asignaturas y ámbitos educativos), "la igualdad de género a través de la coeducación, que ayude a prevenir la violencia de género", una expresión calcada de la propuesta de reforma que quedó pendiente en esta legislatura. Al presentarla en febrero de este año (un mes antes de la disolución de las Cortes), la ministra Celaá recalcó que uno de sus enfoques fundamentales sería "la igualdad de género a través de la coeducación y fomenta[r] el aprendizaje de la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual".
Esta ley está pactada con Podemos, y tanto Ciudadanos como el Partido Popular han reiterado su acuerdo en ese punto. La Convención que celebró el PP en enero, ante la posibilidad de que el partido pudiese reconsiderar su postura sobre la cuestión durante la negociación de la investidura del nuevo gobierno andaluz, decidió "blindar" las políticas de género y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, proclamó que "la ley LGTB se queda".
De hecho, el Partido Popular, junto con PSOE, Ciudadanos y Podemos, aprobaron en la Región de Murcia blindar la ideología de género incluyéndola en su reforma de la estatuto de autonomía, vía el establecimiento del "derecho de las personas a su identidad de género" y a "la no discriminación por este motivo o por la orientación sexual", y a las "medidas preventivas" contra la "violencia de género". Ambos aspectos, la prevención de la violencia y la lucha contra la discriminación, son los argumentos utilizados para incorporar la ideología de género en la escuela como formación en "valores cívicos".
El único partido que se desmarca de esta imposición de la ideología de género es Vox. La formación liderada por Santiago Abascal propone, como número 63 en su programa (100 medidas para la España viva), "instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto de que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales".
Con una medida de esta naturaleza se evitaría que los colegios pudiesen programar, sin conocimiento ni consentimiento de los padres, sesiones de adoctrinamiento impuestas por las Administraciones a través de acuerdos que suscriben al efecto con fundaciones y ONG afines al lobby LGBTI, subvencionadas con fondos públicos, en aplicación de supuestas políticas de "no discriminación". ReL denunció en diciembre de 2016, con pruebas obtenidas in situ, la forma de proceder de estas asociaciones en los colegios.
Asignatura de Religión
PSOE, Podemos y Ciudadanos concuerdan en su objetivo de marginar la asignatura de Religión. Dado que los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 obligan a ofertarla si los padres la demandan, un objetivo de estos partidos es quitarle todo valor académico (que la nota no cuente en la media de las calificaciones del alumno) para desincentivar dicha demanda.
Socialistas y podemitas coinciden además en que los alumnos deben ser educados según una ideología de Estado, independientemente de las convicciones de los padres: "Debemos educar en valores constitucionales y cívicos que promuevan el libre desarrollo de la persona dentro de los valores democráticos", señaló en un reciente debate al respecto, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, la secretaria de Justicia del PSOE en Madrid, Macarena Elvira Rubio. "Necesitamos una asignatura que transmita los valores del Estado", confirmó en ese foro José Manuel López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Por su parte, Juan Trinidad Martos, portavoz de Justicia de Ciudadanos en el parlamento regional madrileño, propuso una asignatura evaluable de Historia de las Religiones que impartan "profesores funcionarios" (actualmente los profesores de Religión católica los designan las diócesis), y que "la materia confesional -ya sea católica, islámica o de otra confesión- sea optativa siempre que haya un número suficiente de alumnos para que la cursen”, como ya sucede.
En cuanto al Partido Popular, se ha mostrado partidario de mantener el actual sistema, en el que la asignatura de Religión es de oferta obligada por los centros y matriculación voluntaria por los padres, evaluable, y con una alternativa en horario lectivo: "La situación actual, en la que la asignatura de Religión está incardinada en la educación y recibe unas calificaciones, me parece bien", señala Álvaro Vallarín, viceonsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, porque la religión, "ya sea como hecho de fe, como hecho cultural o como fenómeno de construcción de la ciudadanía, está en la persona, y mientras la persona sea persona, va a haber una trascendencia detrás", y los alumnos que la estudian acaban formando parte "de una sociedad que está hoy impregnada del hecho religioso”.
En una posición similar se encuentra Vox, cuyo responsable de Educación en el Consejo Político, Antonio de Miguel Antón, señala además que "es paradójico e ilógico que por un lado se esté pidiendo eliminar la religión católica del currículo, del horario lectivo y del ámbito escolar y por otro lado se esté reivindicando la introducción del islam y otras religiones en las escuelas españolas... Es inadmisible que siendo la religión católica tan mayoritaria en España dejemos que se introduzcan otras confesiones en los planes de enseñanza". Su partido denuncia que las administraciones educativas se hayan dedicado a "acorralar y ningunear a la Religión católica", olvidando "que fue, era y sería imprescindible para comprender una serie de hechos de la historia de la humanidad, de la filosofía y de la cultura española".
Educación concertada
El modelo de conciertos económicos entre la Administración y colegios de titularidad privada fue acordado entre el Gobierno socialista y la Iglesia en 1985 para permitir el acceso a la enseñanza católica en condiciones de igualdad con la enseñanza pública y garantizar así el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos. La "demanda social", esto es, la existencia de un número suficiente de solicitudes suficientes en colegios concertados, faculta a los centros para exigir la dotación del concierto.
Desde hace años, sin embargo, el mismo PSOE que estableció el sistema lo ha estado boicoteando en algunas comunidades autónomas donde gobierna, sobre todo en Andalucía, donde muchos colegios religiosos vieron denegado el concierto a pesar de contar con solicitudes suficientes para tenerlo, teniendo que acudir a los tribunales para que les diesen la razón. La razón de esta actitud socialista es ideológica: según la ministra de Educación,Isabel Celaá, la demanda social es "un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de la concertada".
Es un punto donde la doctrina de la Iglesia es clara, y es exactamente la que rechaza la ministra socialista: la escuela pública debe ser subsidiaria de la privada. El papel del Estado en la educación es un "deber subsidiario cuando falta la iniciativa de los padres y de otras sociedades, atendiendo los deseos de éstos", afirma el Concilio Vaticano II, "excluyendo, por tanto, cualquier monopolio de las escuelas". Y perfila aún más el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: "Ha de considerarse una injusticia el rechazo de apoyo económico público a las escuelas no estatales que tengan necesidad de él y ofrezcan un servicio a la sociedad civil... El Estado no puede, sin cometer injusticia, limitarse a tolerar las escuelas llamadas privadas. Éstas presentan un servicio público y tienen, por consiguiente, el derecho a ser ayudadas económicamente".
Precisamente para evitar la situación de que los tribunales estén dando la razón a los colegios concertados contra las decisiones arbitrarias de las consejerías autonómicas de Educación, la ley nueva ley socialista de Educación pretende eliminar la demanda social como criterio a la hora de conceder los conciertos, que de esta forma quedarían al arbitrio de los partidos políticos. Y así consta también en su programa electoral.
Podemos apoya ese punto y además propone ilegalizar las cuotas voluntarias ("supuestamente voluntarias", según los podemitas) que numerosos colegios concertados piden a las familias. Según la formación que lidera Pablo Iglesias, esas cuotas "esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100% con dinero público". Lo cierto es que los conciertos no cubren buena parte de los gastos reales de los centros, por lo que la ilegalización de esas ayudas voluntarias solo serviría para estrangular económicamente a cientos de colegios religiosos.
Ciudadanos mantendría el actual sistema, aunque el partido de Albert Rivera se apunta a la campaña de Podemos contra las cuotas voluntarias: "Garantizaremos la gratuidad de la educación concertada, evitando el cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas. Haremos que la Agencia Tributaria deje de perseguir a las familias que se desgravan las donaciones que realizan a los colegios concertados de sus hijos". Asimismo, respaldan "el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos" y que "se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos".
El Partido Popular, por su parte, defiende que "las familias tienen el derecho de elegir qué educación quieren para sus hijos" y apoyarán que los centros, tanto públicos como concertados, puedan "incrementar su oferta de plazas escolares en aquellos casos en los que sea inferior a la demanda", esto es, mantener la vigencia de la demanda social como criterio para los conciertos. Del mismo modo, proponen ampliar la educación concertada, que hasta ahora solo financia la enseñanza obligatoria, al bachillerato y la formación profesional.
La propuesta más innovadora es la de Vox, que propone implantar un sistema de cheque escolar, que ya llevaba en su programa de 2015 y reitera en el de 2019, con la finalidad de "devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio".
Sus principios educativos novedosos estaban ya antes presentes en los agustinos de El Escorial
La exposición sobre el Instituto Escuela silencia la matriz católica de su renovación pedagógica
Una promoción del Real Colegio Alfonso XII, a mediados de los años 40. Para entonces llevaba setenta años funcionando con los principios pedagógicos que adoptaría muchos después el Instituto Escuela.
El Instituto Escuela era un centro educativo que buscaba implantar en la enseñanza secundaria española una serie de principios pedagógicos "avanzados", que difundía en esa época la Institución Libre de Enseñanza, que en esa época llamaba la atención por ser una entidad educativa no religiosa.
Se aprovecha la efeméride para insistir, de manera machacona, en que las reformas pedagógicas de la España contemporánea fueron llevadas a cabo desde fuera de la Iglesia católica. Pero la realidad es que aunque la Institución Libre de Enseñanza y su entorno fueron una fuente de renovación pedagógica, no fueron ni la única ni necesariamente la mejor.
El Instituto Escuela: tenía clase de religión y separaba niños y niñas
La fundación del Instituto Escuela, ubicado donde hoy se encuentra el Instituto Ramiro de Maeztu (dedicado al malogrado intelectual católico asesinado por el Frente Popular) se llevó a cabo en plena monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII. La impartición de la enseñanza en él se llevaba a cabo separando a los niños de las niñas e incluía religión en la escuela mediante la asignatura de Religión Católica, tal y como se recoge en el artículo 2.C de su decreto fundacional. Además, las personas que dirigieron las enseñanzas eran católicos fervientes. Veamos.
En el Instituto Escuela la Enseñanza Primaria estuvo dirigida por la pedagoga católica practicante María de Maeztu, hermana de Ramiro de Maeztu. Ella era además la directora de la Residencia de Señoritas y del Lyceum Club. También desempeñó un papel crucial en esta sección de primaria María Goyri, mujer de misa diaria.
María de Maeztu, a la izquierda, y María Goyri, a la derecha, grandes pedagogas del Instituto Escuela, eran católicas practicantes
Además, la Sección de Párvulos fue dirigida por la fervorosa católica Jimena Menéndez Pidal, hija de María Goyri y de don Ramón Menéndez Pidal, insigne científico católico.
Fue catedrático del Instituto Escuela el científico católico ferviente Manuel de Terán. En el mismo sentido, fueron además profesores aspirantes al Magisterio Secundario, formados en el Instituto Escuela, María Zambrano y Carlos Vidal Box.
Todos ellos y otros muchos intelectuales de la época sufrieron el exilio interior de su catolicismo para poder contribuir al bien de España, ya que en los ambientes de la Institución Libre de Enseñanza estaba muy mal visto ser católico, a pesar de la religiosidad panteísta y sincrética que muchos de sus dirigentes vivían, lo que les aleja absolutamente de los partidos del Frente Popular, ateos y materialistas, protagonistas de la persecución religiosa. Sus herederos ideológicos reivindican hoy sin base científica alguna que ellos tuvieron que ver con lo que hicieron los liberales de la Institución Libre de Enseñanza, a quienes ellos persiguieron a muerte.
Todo lo dicho hasta aquí sobre el Instituto Escuela no se explica en ningún sitio, tampoco en la mencionada exposición, y es de justicia hacerlo porque así queda más claro el papel que la Iglesia católica jugó a través de sus miembros en el desarrollo pedagógico contemporáneo español, a través incluso de instituciones laicistas –pero nunca ateas ni materialistas– como la Institución Libre de Enseñanza: el papel de los laicos de la Iglesia Católica fue determinante en el desarrollo pedagógico español contemporáneo.
Una reforma pedagógica anterior: los agustinos de El Escorial
Pero en plena España contemporánea también las maltratadas órdenes religiosas jugaron un papel determinante en la mejora de la enseñanza, y por supuesto con anterioridad a la Institución Libre de Enseñanza, como lo demuestra entre otros posibles ejemplos el Real Colegio Alfonso XII, ubicado en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y todavía en activo, regentado por los padres agustinos.
En la historia de dicho centro se hace mención a que el propio Felipe II puso en marcha en 1587 un colegio tras fundar El Escorial, colegio que desapareció tras la fanática desamortización de Mendizábal en 1857. Tras su dirección en 1859 por San Antonio María Claret, se dice que fue refundado en 1875 por Alfonso XII, es decir que cumplió sus 100 años en 1975, no como ahora el Instituto Escuela.
Este monarca católico liberal hizo que en sus instalaciones se dispusiera de los medios más avanzados de la época, y se trajeron instrumentos y aparatos desde Londres, París, Berlín o Viena. Hoy, siguen destacando sus laboratorios, en especial el Gabinete de Ciencias Naturales, que cuenta todavía hoy con importantes colecciones de animales, minerales o plantas, como el herbario del científico católico Mariano de la Paz Graells.
Pues bien, en este colegio se llevaron a cabo con 44 años de antelación todas las reformas que acabó proponiendo la Institución Libre de Enseñanza y que la monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII acabaría incorporando como novedosas, sin serlo, a la dinámica del Instituto Escuela, algo que cuenta con todo lujo de detalle el historiador Vicente Gómez Mieren su libro El Colegio de El Escorial. Cien años de reformismo (1875-1975).
Los ideales educativos de la Institución Libre de Enseñanza (fundada en 1876) tal como acabaría preconizándolos Giner de los Ríos serían el desarrollo de la persona individual, el amor al trabajo, el espíritu de severa obediencia a la ley, el odio a la mentira, el espíritu de equidad y tolerancia, la génesis de carácter moral, etc. Se encontraban incluidos todos en los estatutos fundacionales del Real Colegio Alfonso XII.
Escena que recuerda a los mártires agustinos de 1936: 27 agustinos del colegio de El Escorial, incluyendo al director, fueron asesinados durante la persecución religiosa
Estos principios eran los que preconizaba el reformista por entonces católico Joaquín Costa, y eran los valores que propugnaban los padres agustinos que regían el colegio, desde posturas de claro liberalismo católico.
Por ejemplo, se hicieron en este colegio de los agustinos todo un conjunto de actividades de educación física y de salidas al campo (en plena Sierra de Guadarrama)... algo que algunos querrían hoy hacer creer que fue inventado por la Institución Libre de Enseñanza.
Quizá lo único novedoso aportado por la Institución de Libre Enseñanza fue su laicismo, que terminaría luego derivando en el anticatolicismo de la Segunda República, etapa previa a la brutal y genocida persecución religiosa del Frente Popular, que acabó asesinando a pedagogos como Rufino Blanco o San Pedro Poveda, e incluso haciendo mártires a profesores del Real Colegio Alfonso XII como los agustinos Sabino Rodrigo de la Orden de san Agustín, Arturo Garcia de la Fuente o Avelino Rodríguez Alonso.
Si nada tuvieron que ver los partidos políticos integrados en el Frente Popular con la Institución Libre de Enseñanza de los liberales laicistas, a los que acabaron persiguiendo, mucho menos tuvieron relación alguna con él los liberales católicos. Por todo ello sus actuales herederos ideológicos no tienen nada que reivindicar con la Edad de Plata, ni con la Junta para la Ampliación de Estudios.
La Iglesia católica no dejó de contribuir a la mejora de las condiciones educativas y académicas de la época, sea como institución, sea a través de sus miembros, llegando algunos a dejar la vida en el empeño.
