Los obispos irlandeses retan al Gobierno: los 20 hospitales católicos no harán abortos, anuncian
La Conferencia Episcopal Irlandesa (www.catholicbishops.ie) ha establecido un código de ética sanitaria en que se reafirma que los hospitales católicos deben oponerse a cualquier petición de aborto provocado. Hay unos 20 hospitales católicos en la isla.
El aborto aún no es legal en Irlanda, pero en un referéndum en mayo una mayoría de votantes pidió quitar de la Constitución la octava enmienda que defendía el derecho a la vida del niño por nacer.
Desde entonces, el gobierno presidido por el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, un homosexual militante, de familia hindú, que no llevaba el aborto en su programa electoral, está preparando un proyecto de ley del aborto.
Por el momento se anuncia una ley de aborto libre y sin causa hasta las 12 semanas de gestación, con algunos casos que lo permitan hasta las 24. Los contribuyentes financiarían los abortos con sus impuestos.
Según el Catholic Herald, a principio de julio los obispos entregaron a representantes del Gobierno el nuevo Código de Normas Éticas para la Salud que se aplicará en sus hospitales.
Varadkar quiere impedir la objeción de conciencia de instituciones
Varadkar ha comentado en varias ocasiones que no permitiría la objeción de conciencia de instituciones, es decir, los hospitales católicos deberían realizar abortos, algo absolutamente incompatible con la ética cristiana. Se da la circunstancia de que el padre de Leo Varadkar es médico, formado en la India... donde los abortos son cosa rutinaria, muy incentivados por el Estado para reducir la población.
Informó a la Cámara Baja del Parlamento que doctores, enfermeras o parteras podrían optar por no realizar procedimientos por motivos de conciencia, pero que esta opción no se extenderá a los hospitales financiados con fondos públicos, entre los cuales hay centros católicos.
Varias opciones: cerrar la maternidad, cerrar otros servicios...
Angelo Bottone del centro provida Iona Institute (ionainstitute.ie) considera, en un análisis, que si no se respeta la objeción de conciencia de un centro de ética cristiana y provida, el hospital tiene varias opciones: “rechazar fondos públicos y reducir sus actividades, o cerrar su departamento de maternidad y continuar ofreciendo sus servicios en otras áreas”.
“Su filosofía no se verá comprometida, pero nadie ganará a partir de esta situación. De hecho, ¿qué interés tiene el Estado en ver interrumpido un servicio que ha demostrado ser útil, e incluso esencial, para una comunidad?”, escribe.
